Pena de muerte en Japón: criterios, horca y secretismo

Japón vende, con razón, la imagen de un país donde la violencia callejera es rara. El Código Penal, sin embargo, conserva la pena de muerte: en la práctica, por homicidios graves, y siempre en la horca.

Las sentencias suelen caer sobre asesinatos múltiples. Un crimen único, si el tribunal lo ve extraordinariamente atroz, también ha llevado a la soga. Lo que más desconcierta no es solo que exista: es que el condenado suele enterarse la misma mañana.

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¿Cuándo surgió la pena capital en Japón?

A partir del siglo IV, Japón se fue acercando al sistema judicial chino y adoptó, poco a poco, un abanico de castigos distintos según el delito, incluida la pena de muerte.

En el período Nara esas penas crueles se suavizaron, en buena parte por influencia budista, y en el período Heian la pena capital llegó a abolirse. No se usó durante unos 300 años, hasta la Guerra de Genpei.

En el período Kamakura la pena de muerte volvió a usarse con amplitud. Los métodos se endurecieron: quema, agua hirviendo, crucifixión y otros suplicios. En el Muromachi aparecieron variantes todavía más brutales —crucifixión cabeza abajo, empalamiento, aserrado, desmembramiento con bueyes o carros— y esa dureza se arrastró por el Edo hasta el arranque del Meiji. Por influencia confuciana, ofender a un maestro o a un anciano se castigaba con más severidad que ofender a alguien de rango inferior.

En 1871, con una reforma amplia del código penal, se redujo el número de delitos punibles con la muerte y se abolieron la tortura excesiva y la flagelación. El ahorcamiento se consolidó como método legal. Hoy el Código Penal sigue contemplando varios delitos capitales en el papel, pero en la práctica la horca se reserva al homicidio agravado.

Criterios para la pena de muerte: el estándar Nagayama

Los nueve puntos que los tribunales japoneses siguen pesando no salieron de un manual abstracto. Nacieron del caso de Norio Nagayama, un joven de 19 años que en 1968 cometió cuatro robos con asesinato. El Tribunal Superior de Tokio le impuso cadena perpetua; en 1983 el Tribunal Supremo consideró que aquello había sido un error, devolvió el caso al corredor de la muerte y fijó una guía de nueve criterios. Nagayama fue ahorcado en 1997. La guía no es, en sentido estricto, un precedente vinculante, pero los casos capitales posteriores la han seguido.

Los nueve criterios son:

• el grado de crueldad;
• el motivo;
• cómo se cometió el crimen, sobre todo el modo en que se mató a la víctima;
• el resultado, en especial el número de víctimas;
• los sentimientos de la familia de la víctima;
• el impacto del crimen en la sociedad japonesa;
• la edad del acusado;
• los antecedentes penales;
• el grado de arrepentimiento.

El número de víctimas suele ser el peso más decisivo. Una muerte para un asesinato único se considera extraordinaria, aunque ocurre. Un informe de 2012 de un instituto ligado al Tribunal Supremo, sobre condenas de 1980 a 2009, halló que la pena capital se impuso en el 32 % de los asesinatos únicos en los que el fiscal la pidió, en el 59 % de los dobles homicidios y en el 79 % de los casos con tres o más muertos.

La mayoría de edad civil en Japón es de 18 años desde el 1 de abril de 2022. En el criterio Nagayama de 1983 el punto de la edad se escribía todavía con la mayoría a los 20. El derecho penal de menores sigue tratando de forma especial a quien tiene menos de 20, pero Japón no ejecuta por delitos cometidos con menos de 18 años.

Cómo se firma y cómo se ahorca

Cuando se agotan los recursos ante el Tribunal Supremo, el expediente viaja al Ministerio de Justicia. El ministro firma la orden. Una vez firmada, la ejecución suele llevarse a cabo en un plazo de cinco días. Por reglamento no puede caer en festivo nacional, sábado, domingo ni entre el 31 de diciembre y el 2 de enero.

El Código de Procedimiento Penal dice, sobre el papel, que la pena debería ejecutarse en los seis meses siguientes a la sentencia firme. En la práctica casi nunca ocurre: hay quien espera años o décadas. El ministerio no publica los criterios con los que elige a quién toca ahora.

La horca se aplica en una cámara dentro de un centro de detención (kōchisho, 拘置所), no en una prisión ordinaria. Hay siete centros con instalación de ejecución: Sapporo, Sendai, Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukuoka. El Tribunal Superior de Takamatsu no tiene cámara propia; esos casos se ejecutan en Osaka.

Al condenado se le informa por la mañana. Puede elegir la última comida. La familia y los abogados se enteran después, igual que el público. Desde el 7 de diciembre de 2007 las autoridades publican nombre, delito y edad de quien ha sido ejecutado.

En la sala, un cuadrado rojo marca la trampilla. Tres funcionarios pulsan un botón a la vez; solo uno acciona la trampilla, de modo que ninguno sepa quién la abrió. El cuerpo cae y la soga debe romper el cuello.

El corredor de la muerte y el silencio

Quien tiene sentencia firme no se clasifica como preso común. El régimen es aislamiento: poco contacto con otros reclusos, visitas escasas y vigiladas, sin saber qué mañana será la última. El ministerio sostiene que avisar con más antelación desestabilizaría al condenado; los críticos responden que vivir cada amanecer como posible fecha de ejecución es, en sí, un tormento añadido.

Las cárceles japonesas (keimusho) y estos centros de detención no son lo mismo: el corredor de la muerte está en el kōchisho, a la espera de la orden ministerial, no cumpliendo una pena de prisión ordinaria.

Opinión pública, errores y casos recientes

El Gobierno se apoya en una encuesta quinquenal de la Oficina del Gabinete. En otoño de 2024, el 83,1 % de los encuestados dijo que la pena de muerte era «inevitable»; el 16,5 % pidió abolirla. La pregunta no contrapone «mantener» y «abolir», sino «inevitable» y «abolir», un matiz que empuja las respuestas hacia la conservación. Aun así, Japón y Estados Unidos siguen siendo los únicos del G7 que ejecutan.

El caso que más ha agrietado esa certeza es el de Iwao Hakamada. Condenado por el asesinato de una familia en 1966, pasó décadas en el corredor —el tramo más largo del que se tiene constancia— hasta que en septiembre de 2024 un tribunal de Shizuoka lo absolvió al concluir que las pruebas habían sido manipuladas. Salió en 2014 a la espera del nuevo juicio; el daño psíquico del aislamiento, dicen su hermana y sus abogados, no se deshizo.

Las ejecuciones, entretanto, no se han detenido del todo. El 27 de junio de 2025 fue ahorcado Takahiro Shiraishi, condenado por matar a nueve personas que había contactado en redes. El 21 de agosto de 2026, Sunao Takami, de 58 años, fue ejecutado en Osaka por el incendio de una sala de pachinko en 2009, con cinco muertos y diez heridos. Tras esa ejecución, el ministerio cifró en 100 el número de condenados con sentencia firme. En 2018, en pocas semanas, se ejecutó a trece personas ligadas a Aum Shinrikyō, la secta del atentado con gas sarín en el metro de Tokio.

Ese es el contraste difícil de este país: una sociedad que se percibe como extraordinariamente segura y, a la vez, un Estado que sigue ahorcando en silencio, con apoyo mayoritario y con el recuerdo de que un error judicial, aquí, no tiene marcha atrás.